Centro de Asesoramiento Económico-Financiero, Presupuestario y Tributario de la Diputación de Cádiz

 

CAEL: Crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

BOE: FASE 1

09/05/2020


Se ha publicado en el BOE de 09/05/2020, la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Para consultar la orden pinche aquí.


Así mismo, el BOE ha publicado el 10/05/2020, Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.

Para consultar la misma, pinche aquí.

BOE: NUEVA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA.

09/05/2020


Se ha publicado en el BOE de 09 de mayo de 2020, el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes.

Para consultar la publicación, pinche aquí.


CONTINUACIÓN E INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS CELEBRADOS POR LAS ENTIADES DEL SECTOR PÚBLICO DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA.

06/05/2020

Se ha publicado en el BOE de 06 de mayo de 2020, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

La disposición adicional octava, acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público e impuesto por La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos y permitirá el inicio de nuevos procedimientos de contratación que reúnan esos requisitos, extendiéndose además a los recursos especiales que procedan.


La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, supuso la suspensión de las licitaciones de los contratos públicos en general. Aunque la norma establecía algunas excepciones, la prolongación de la duración del estado de alarma ha podido llegar a provocar en ciertos casos una situación de posible perjuicio para los intereses públicos que todos los diferentes contratos públicos tratan de servir.

En los procedimientos de contratación existen un buen número de garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el respeto a los principios más esenciales que protegen a los interesados, principios que deben aplicarse de manera armónica y coordinada con las necesidades de interés público antes mencionadas.

Por esta razón, si bien en su momento parecía lógico que en la fase inicial del estado de alarma se adoptasen medidas más intensas con el fin de evitar el perjuicio de los derechos de los administrados ante las medidas limitativas necesariamente impuestas para luchar contra el COVID-19, en el momento actual, en que se ha iniciado una mejora de la situación y una progresiva relajación de las medidas acordadas, parece lógico alzar la suspensión general impuesta a las licitaciones públicas en todos aquellos supuestos en que no pueda existir merma alguna para los derechos de los licitadores. Tal circunstancia es plenamente concurrente en los casos en que la selección del contratista se verifica mediante la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación, la cual permite y garantiza la presentación electrónica de la documentación requerida y el acceso igualmente electrónico a los diferentes trámites de procedimiento. Esta previsión, recogida en la disposición adicional octava, permitirá también el inicio de nuevos procedimientos de contratación que reúnan estos requisitos, extendiéndose además a los recursos especiales que procedan.

Para consultar la misma, pinche aquí.

 

REMISIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

30/04/2020


Desde CAEL, queremos recordar a las EELL, la información que desde el portal de rendición de ceuntas se está anunciando, y que consiste en el ofrecimiento a los INTERVENTORES que, con motivo de la declaración del Estado de Alarma, NO LES FUESE POSIBLE ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, de quedar suspendidos los plazos de presentación previstos en la normativa. Para ello deberán DECLARAR IMPOSIBILIDAD y COMUNICARLA. El procedimiento para comunicarla es el indicado en el cuadro anunciador y que resumimos aquí.

Procedimiento de comunicación por la persona titular del órgano de la Intervención:
Con certificado electrónico válido, a través del Registro electrónico en la Sede electrónica del Tribunal de Cuentas: http://sede.tcu.es/tramitador-front/certificate/IndexCert.action?procedureId=SGREG01

•    Sin certificado electrónico válido, mediante correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Caso de no precisar de prórroga,  la información en materia de control interno del 2019 deberá ser remitida a través del NUEVO MÓDULO DE CONTROL INTERNO, tal como se anuncia en el portal de rendición de cuentas.

ATENCIÓN:

Nos consta que el mencionado módulo no está operativo, puesto que los plazos para remisión de la IGAE se encuentran suspendidos, por lo que aconsejamos a aquellos que quieran remitir el INFORME ANUAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO que lo realice a través del REGISTRO ELECTRÓNICO de la IGAE.

 

Si precisan de nuestra asistencia, por favor háganoslo saber a través del gestor de consultas del CAEL.


SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIAS Y VIDEOCONFERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES TELEMÁTICAS DE ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES.

29/04/2020

Desde el servicio de asistencia a los municipios, ha sido objeto de reiterada solicitud de información, el sistema de audioconferenicas y videoconferenicas aconsejado para la celebración de sesiones telemáticas de los órganos colegiados locales.

Haciéndonos eco de las recomendaciones emitidas por EPICSA a este respecto, queremos informar desde el CAEL que el sistema de audioconferencias y videoconferencias propuesto para la celebración de sesiones telemáticas de los órganos colegiados locales con los requisitos exigidos en la DF 2ª del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (por la que se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), es el sistema Cisco Webex Meetings (https://www.webex.com/es/video-conferencing.html).


Este sistema puede ser utilizado por aquellos ayuntamientos y entidades del sector público provincial que lo soliciten siempre que se encuentren dentro del ámbito de actuación de la Diputación de Cádiz.

En cuanto a la operativa de pruebas, creación de la sesión en la plataforma, pruebas de retransmisión en directo, incorporación de datos de acceso a la convocatoria y celebración de la sesión, desde el CAU de EPICSA se asistirá técnicamente a los Alcaldes/as y Secretarios/as, que presiden y dirigen los órganos colegiados, siendo necesario en todo caso la relación de los integrantes del órgano concreto (nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono móvil) para proceder con antelación a realizar todo lo relacionado con el proceso de pruebas, convocatoria y celebración de la sesión.

Otras noticias relacionadas:

Nota informativa reuniones telemáticas y adopción de acuerdos durante el Estado de Alarma.

Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

 

REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

22/04/2020


Se ha publicado en el BOE de 22 de abril de 2020, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
El Real Decreto-Ley 15/2020 regula medidas  las siguientes:

•    medidas para reducir los costes operativos de pymes y autónomos
•    medidas para reforzar la financiación empresarial
•    medidas fiscales
•    medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo
•    medidas de protección a los ciudadanos

Para ampliar la noticia en materia fiscal y tributario, pinche aquí.


NUEVA PRÓRROGA: HASTA EL 10 DE MAYO DE 2020

Se ha publicado en el BOE de25 de abril de 2020, el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus modificaciones.

El Real Decreto también contempla en la Disposición Final 1ª una modificación al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Para consultar la publicación, pinche aquí.

 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ: PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL

21/04/2020

Irene García concreta en el Consejo de Alcaldías las medidas para reportar liquidez a los ayuntamientos.

Los ayuntamientos que forman parte del Consejo de Alcaldías recibirán esta semana un borrador del Plan de Emergencia Social diseñado y financiado por Diputación. La semana próxima el texto se podrá enviar al Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz al objeto de agilizar los plazos para su efectiva entrada en vigor. La presidenta de Diputación, Irene García, indica que esta intervención dispondrá de un presupuesto de un millón de euros, y lo ha indicado en el seno del Consejo de Alcaldías. La sesión de este foro se ha desarrollado mediante videoconferencia con la participación de los alcaldes y alcaldesas de 40 localidades: de los 30 municipios con menos de 20.000 habitantes más las diez entidades locales autónomas.

Este plan compensará los gastos corrientes contraídos por los ayuntamientos desde la entrada en vigor del estado de alarma. Se consignará como un fondo incondicionado que en la práctica permitirá una justificación muy abierta para los ayuntamientos. Podrá cubrir gastos de limpieza e higiene, compra de productos de desinfección, bolsa farmacéutica, provisión de ropa, adquisición de equipos de protección, gastos de alojamiento y dietas de personal de Protección Civil… En definitiva responderá a las necesidades de liquidez que evidencian las entidades locales, respetando su autonomía y capacidad de organización.


Para acceder a la noticia completa, pinche aquí.

Para acceder a más información sobre el Plan de Emergencia Social, consulte la noticia: Diputación de Cádiz: PLAN DE EMERGENICA SOCIAL.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS: ART.48 RDL 11/2020

16/04/2020

El artículo 48 del Real Decreto Legislativo 11/2020, de 31 de marzo, contempla la posibilidad, previa aprobación y solicitus a la IGAE, de ampliar los plazos de rendición de cuentas de las entidades públicas, pero ¿cómo se materializa dicha imposibilidad? ¿dónde se solicita?

El Tcu ha emitido una nota aclaratoria en el portal de rendición de cuentas, al respecto.

En aplicación del artículo 48 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, aquellos órganos de Intervención de las entidades locales que, con motivo de la declaración del estado de alarma, no les fuera posible elaborar y remitir la información en materia de control interno, deberán declarar la imposibilidad de hacerlo y comunicárselo al Tribunal de Cuentas, quedando en tal caso suspendidos los plazos previstos en la normativa que resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, ampliándose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.
Procedimiento de comunicación por la persona titular del órgano de la Intervención:

Con certificado electrónico válido, a través del Registro electrónico en la Sede electrónica del Tribunal de Cuentas:

http://sede.tcu.es/tramitador-front/certificate/IndexCert.action?procedureId=SGREG01

Sin certificado electrónico válido, mediante correo electrónico a:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

ATENCIÓN

La información que los órganos de intervención local deben remitir al Tribunal de Cuentas en el marco del control interno local (estructura  de la Intervención, acuerdos contrarios a reparos, o con omisión de la función interventora, anomalías de ingresos y actos constitutivos de responsabilidad contable) debe enviarse con anterioridad al 30 de abril a través del nuevo módulo de Control Interno; y la referida a la Cuenta General, antes del día 15 de octubre.

En estas remisiones, el plazo no se encuentra suspendido por defecto, sino que solo se suspenderá si con el motivo de la declaración de estado de alarma, no pueden elaborar y remitir esta información, y así lo declaran y comunican.

 

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN ESTADO DE ALARMA

14/04/2020


Se ha publicado en el web de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales una Nota informativa sobre la tramitación de solicitudes de autorizaciones de endeudamiento, durante la vigencia del estado de alarma y/o persistan restricciones al movimiento de personas inherentes a la declaración del estado de alarma.

Se trata de un procedimiento excepcional dado el estado de alarma en el que nos encontramos con las consiguientes restricciones de movimientos impuestas a las personas.
Para ello, las solicitudes que presenten las entidades locales deberán cumplir, simultáneamente, todos los requisitos, que afectan a:
 

  • Condiciones de presentación
  • Suministro de información
  • Documentación a aportar

ATENCIÓN:

  • Sólo se atenderán aquellas solicitudes que faciliten TODA la documentación recogida en las respectivas Notas, con las condiciones indicadas en las mismas, sin excepción alguna.
  • NO se remitirá documentación que no esté incluida en esta Nota o en la mencionada en el apartado anterior.
  • Por razones de economía administrativa, especialmente relevantes en la situación actual, se unificarán las solicitudes de cada entidad local.



Para consultar la nota, pinche aquí.


TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN ESTADO DE ALARMA

13/04/2020


Se ha publicado en el web de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales una Nota informativa sobre la tramitación de solicitudes del informe de sostenibilidad financiera del artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), durante la vigencia del estado de alarma y/o persistan restricciones al movimiento de personas.

Los informes establecidos en el referido artículo 7.4, se encuentran plenamente vigentes.

Dada la especial situación, ocasionada por la declaración del estado de alarma, con las consiguientes restricciones de movimientos impuestas a las personas, se ha habilitado, de forma excepcional y con objeto de agilizar al máximo posible, un procedimiento para la tramitación de los expedientes.
 
Para ello, las solicitudes que presenten las entidades locales deberán cumplir, simultáneamente, requisitos que afectan a:

  • Las condiciones de presentación
  • El suministro de información
  • La documentación a aportar

ATENCIÓN:

  • Sólo se atenderán aquellas solicitudes que faciliten TODA la documentación recogida en las respectivas Notas, con las condiciones indicadas en las mismas, sin excepción alguna.
  • NO se remitirá documentación que no esté contemplada en esta Nota.
  • Por razones de economía administrativa, especialmente relevantes en la situación actual, se unificarán las solicitudes de cada entidad local.



Para consultar la NOTA, pinche aquí.
 

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA: HASTA LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2020

11/04/2020

Se ha publicado en el BOE de 11 de abril de 2020, el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.La prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Para consultar el mismo, pinche aquí.


ESTADO DE ALARMA: VIVIENDA

11/04/2020

Se ha publicado en el BOE de 11 de abril de 2020, la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Esta Orden incorpora de forma inmediata al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Este programa habilita ayudas para hacer frente a las situaciones más acentuadas de vulnerabilidad social y económica que no sean resueltas con las mencionadas ayudas transitorias de financiación, así como para ayudar al pago de dicho préstamo (concedido en su caso al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020) al que hayan accedido los arrendatarios. Por ello, dentro de la necesaria flexibilidad en la gestión de este programa que se concede a las administraciones competentes, sí es necesario prever la relación de las ayudas que se otorguen al amparo del mismo, con los créditos avalados ya mencionados.

En relación al Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerable (regulado en el artículo 4), se dispone que la determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la ciudad de Ceuta y Melilla o de la administración local correspondiente.

Para consular la publicación, pinche aquí.


MEDIAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES EN EL ÁMBITO LOCAL

09/04/2020


Se ha publicado en el BOJA 09 de abril de 2020, el Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

Para ampliar esta noticia, pinche aquí.



MODIFICACIÓN DE LAS CUANTÍAS EN MATERIA DE APLAZAMIENTOS EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

09/04/2020

Se ha publicado en el BOE de 09 de abril de 2020, la Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Para consultar la misma, pinche aquí.


CORRECCIÓN  DE ERRORES DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO

09/04/2020

Se ha publicado en el BOE de 09 de abril de 2020, la corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.


Para consultar los cambios, pinche aquí.

 

REAL DECRETO-LEY 11/2020 E INCIDENCIA EN LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DE 2019

02/04/2020

Tras las dudas que estaba suscitando la aplicación práctica del referido Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, el recién aprobado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, aclara en su artículo 20 cuestiones clave sobre el importe a aplicar o el procedimiento a seguir.
De esta forma, con la aprobación de este Real Decreto-Ley se autoriza la inversión del superávit del ejercicio 2019 de las Entidades Locales, ÚNICAMENTE para este tipo de gastos sociales, entendiéndose que se trata de gastos urgentes y extraordinarios.

Así las cosas, tras esta autorización excepcional del destino del superávit de 2019, existen dos posibles formas de aplicar el superávit presupuestario derivado de la liquidación del ejercicio 2019:

  • Amortización de deuda (artículo 32 de la LOEPYSF)
  • Financiar gastos incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social» (artículo 3 del RD-Ley 8/2020).

Para ampliar información, pinche aquí.

REAL DECRETO-LEY 11/2020 Y SU INCIDENCIA EN LAS EELL

01/04/2020

Se ha publicado en el BOE de 01 de abril de 2020, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Se trata de un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID19 aprobado por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto-ley.

Este nuevo paquete de medidas incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia y que se articula en tres bloques:

  • en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.
  • en segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad;
  • por último, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del Estado de Alarma.

Dispone de un esquema con la incidencia del RDl en las EELL en la noticia ampliada a la que podrá acceder pinchando aquí.

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL

01/04/2020

Este tercer paquete de medidas de apoyo en la crisis del COVID-19 adoptadas ayer en el Consejo de Ministros, contempla, en la Disposición final segunda del  Real Decreto-ley 11/2020, la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Para consultar la noticia ampliada, pinche aquí.

REAL DECRETO-LEY 11/2020 Y SU INCIDENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

01/04/2020

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 también trae novedades relevantes para los contratos públicos en estos tiempos de crisis sanitaria:

1.    Los gastos salariales a indemnizar incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social.
2.    Se descuenta el permiso retribuido recuperable.
3.    Suspensión parcial de servicios y suministros de prestación sucesiva.
4.    Suspensión total o parcial de los servicios de seguridad y limpieza.
5.    Modificación de la LCSP para incluir un supuesto excepcional de duración de los contratos de servicios y suministros superior a cinco años.

Para ampliar la noticia, pinche aquí.

NOTA INFORMATIVA: REUNIONES TELEMÁTICAS Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

 

El Ministerio de Política Territorial ha publicado un a nota referente a la justificación legal de realización de reuniones telemáticas y la adopción de acuerdos durante el Estado de Alarma.

En la nota informativa, se habla de hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas locales y de los órganos colegiados locales en una situación de excepcionalidad cual es la declaración de un Estado de Alarma, que obliga a garantizar el ejercicio de participación política de los concejales, cuyo núcleo de la función representativa ha sido reiteradamente recogido en la doctrina del Tribunal Constitucional, y en la que es necesario garantizar el funcionamiento de las Administraciones locales.

Para ampliar la noticia, pinche aquí.

MEDIDAS URGENTES

30/03/2020

Se ha publicado en el BOE de 29 de marzo de 2020, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

El real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo.

Quedan exceptuados de la aplicación del real decreto las personas trabajadoras que tengan su contrato suspendido durante el período indicado y aquellas que puedan continuar prestando servicios a distancia.

Las autoridades competentes delegadas, en su ámbito de competencia, podrán modificar o especificar, mediante las órdenes necesarias, las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en este artículo y sus efectos.

En las disposiciones transitorias se establecen excepciones puntuales y limitadas para:

  • aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o desproporcionada por el permiso establecido en el real decreto ley y
  • el personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley.

Por su parte, en las disposiciones adicionales se establecen previsiones específicas para empleados públicos y personal con legislación específica propia, servicios esenciales de la Administración de Justicia y otros colectivos.


Para consultar el mismo, pinche aquí.

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

28/03/2020

Se ha publicado en el BOE de 28 de marzo de 2020, la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020 y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, con la modificación que se recoge en el apartado tercero.

Para consultar la misma, pinche aquí.



MEDIDAS LABORALES COMPLEMENTARIAS

28/03/2020

Se ha publicado en el BOE de 28 de marzo de 2020, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

El notablemente estancamiento que está registrando nuestro mercado laboral, unido al importante volumen de ERTE presentados, desde la declaración del estado de alarma, ponen de relieve la necesidad de arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas trabajadoras de nuestro país. De esta forma, la situación extraordinaria y urgente por la que actualmente atravesamos requiere la adopción de nuevas medidas que respondan de manera adecuada a las necesidades que se derivan de las consecuencias cambiantes de esta crisis sanitaria, que suponen una alteración grave y sin precedentes de nuestra vida diaria y que está teniendo un impacto devastador sobre el mercado laboral, generando una gran incertidumbre en un amplio colectivo de personas trabajadoras, que están viendo afectados sus puestos de trabajo, a raíz de la suspensión de un importante volumen de actividades, como consecuencia de la declaración del estado de alarma.
 
Para consultar el mismo, pinche aquí.

NO SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A PESAR DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.

25/03/2020

La Subdirección General de Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda prepara una comunicado oficial para señalar que la D.A.3ª RD 463/2020 no es aplicable al procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos municipales.

Aunque no se dispone de momento de la documentación oficial de la Subdirección General de Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda, se tiene constancia de que el criterio de la Subdirección General en relación con la tramitación del PRESUPUESTO MUNICIPAL es el siguiente:

la D.A.3ª RD 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se refiere a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los plazos que se suspenden lo son para la tramitación de procedimientos administrativos, que se encuentran en aquel ámbito. Al ser una medida excepcional, no puede ser objeto de aplicación extensiva.

El procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos NO ES un procedimiento administrativo común sino con un procedimiento específico que regula el TRLRHL.
En consecuencia, aquella disposición adicional no sería aplicable al caso concreto al que se refiere la consulta, por lo que una corporación local podría seguir con el procedimiento de aprobación de presupuesto.


Todo ello, sin perjuicio de lo que corresponda valorar al secretario y, en su caso, a los servicios jurídicos de esa corporación, de acuerdo con las funciones que tienen encomendada.

Desde el CAEL se informará de cuanto acontezca.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIAS.

25/03/2020


El artículo 33 del RDL 8/2020 no contempla el supuesto de suspensión de plazos referido a las deudas de Derecho Público no tributarias, pero sí regula, otro semejante: el de la suspensión de plazos de deudas tributarias. ¿Es posible aplicar la analogía?

La Exposición de Motivos del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, que aprobó el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, indicó en relación con la analogía que: "no presupone la falta absoluta de una norma, sino la no previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible, por consideraciones de identidad o de similitud al supuesto no previsto";.
La aplicación analógica de una exige, por tanto, la existencia de una laguna legal o ausencia de regulación de un determinado supuesto, y la similitud jurídica esencial entre el caso que se pretende resolver y el ya regulado, debiendo acudirse para resolver el problema al fundamento de la norma y al de los supuestos configurados.

Esta consulta resuelta por la Abogacía del Estado, analiza si existe suficiente identidad de razón entre ambos supuestos para considerar que el citado precepto puede aplicarse analógicamente a las deudas primeramente mencionadas, indicando que SÍ CONCURRE la citada identidad.

Para consultar las razones alegadas, descargue el siguiente documento.

 

PUNTO DE INFORMACIÓN

24/03/2020

Dada la gran cantidad de normativa, y otra documentación que se está generando en relación al Estado de Alarma, se ha creado un PUNTO DE INFORMACIÓN donde podréis encontrar la información relativa a las medidas frente a la crisis sanitaria COVID-19.

Para consultar el PUNTO de INFORMACIÓN, pinche aquí.

 

OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DERIVADA DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y D.A. TERCERA DEL RD 463/2020, de 14 de marzo.

20/03/2020

Como sabrán, el Consejo de Ministros aprobó el pasado sábado el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En lo que respecta a la actuación administrativa, la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que:

«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma


En relación con las obligaciones de suministro de información derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria, la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales ha informado al CAEL de lo siguiente:

“las obligaciones de suministro de información derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria se enmarcan en el ámbito de las relaciones interadministrativas, incluso derivadas de otras obligaciones previas del Estado ante las instituciones de la Unión Europea. Por ello, los plazos establecidos no corresponden a la tramitación de procedimientos de las entidades del sector público, por lo que no están afectados por lo dispuesto en la disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo.

En consecuencia, no cabe modificar los plazos establecidos. No obstante, se recuerda que, en los casos de la información de los presupuestos de 2020 y de liquidaciones de los de 2019, no se impide su remisión aun cuando se produzca fuera de los plazos inicialmente recogidos en las aplicaciones respectivas.”

 

Noticia relacionada con la remisión de información derivadas de la estabilidad presupuestaria, pinchando aquí.

 

LAS EELL YA PUEDEN CONSTITUIR COMISIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y DESTINAR A LA ATENCIÓN SOCIAL HASTA 300 MILLONES DE SUPERÁVIT

20/03/2020

Los Gobiernos Locales podrán destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social.

En materia de seguridad, los Gobiernos Locales ya pueden constituir las Comisiones de Coordinación para la Seguridad previstas en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Estas Comisiones, presididas por el Alcalde o Alcaldesa, se reúnen al menos una vez al día y emiten informes diarios sobre el estado de situación, incidencias y soluciones a incidencias que remiten al Delegado del Gobierno.

Para consultar la nota de prensa de la FEMP, pinche aquí.

Para consultar esta noticia ampliada, pinche aquí.

 

LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN DESTINAR PARTE DEL SUPERÁVIT DE 2019 A FINANCIAR POLÍTICAS SOCIALES

18/03/2020


El Consejo de Ministros ha aprobado el 17 de marzo de 2020, el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que incluye ayudas para familias, autónomos y empresas y cuyo impacto económico supera los 115.000 millones de euros de recursos públicos.

La norma aprobada contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones del superávit de 2019 a financiar gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del superávit para dichas actuaciones y amplía el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles. Así el real decreto-ley establece, que las corporaciones locales disponen de una cantidad de igual cuantía del superávit del ejercicio 2019 para financiar las ayudas económicas y todas las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y atención a la dependencia que vienen recogidas en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de 16 de enero de 2013, que recoge el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.

Para ampliar la noticia, pinche aquí.

 

SE FLEXIBILIZAN LOS PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
18/03/2020

El 14 de marzo, se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, disponiéndose la suspensión de los plazos administrativos en todo el sector público mientras se encuentre vigente el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas de este (D.A. Tercera).

Posteriormente, el 17 de marzo se publica el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de Marzo), modifica el Real Decreto 463/2020 disponiendo en su apartado Cuatro:
“La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.”

Ese mismo día (17/03/2020) se publica en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en el que se flexibilizan los plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias, añadiendo en su Disposición adicional novena que no le resultan de aplicación la suspensión de los plazos administrativos del Real Decreto 463/2020.

Por tanto, no quedan suspendidos:
- los plazos para la presentación de cualquier declaración que conlleve una autoliquidación o liquidación tributaria,
- así como, tampoco quedan suspendidos los plazos de pago de las cuotas resultantes de autoliquidaciones o liquidaciones tributarias.

Otra cosa será la ampliación de los plazos que en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan para el pago, ampliándolos, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento (Art.33 RD-Ley 8/2020).

Los procedimientos y plazos tributarios afectados son los siguientes:
1) Plazos de pago en período voluntario de las deudas liquidadas por la Administración, art.62.2 LGT:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020 -entrada en vigor del RDLey 8/2020- se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general (art.62.2.b LGT) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

2) Plazos de pago de la providencia de apremio, art.62.5 LGT:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020 -entrada en vigor del RDLey 8/2020- se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general (art.62.5.b LGT) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

3) Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) los plazos que venzan a partir de ese día, 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo, salvo que el otorgado en la propia resolución sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

4) Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se re eren los artículos 104.2 (pujas electrónicas) y 104 bis (adjudicación y pago) del Reglamento General de Recaudación.
a) en el caso de las pujas electrónicas cuyo plazo se haya abierto, pero no finalizado, antes del 18 de marzo, aquél se amplía hasta el 30 de abril.
b) de abrirse a partir del 18 de marzo, la ampliación es hasta el 20 de mayo, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor (arts.104.4), en cuyo caso éste resultará de aplicación.
c) por lo que se refiere al plazo de adjudicación, el plazo depende de que la presentación de ofertas haya finalizado antes o a partir del 18 de marzo de 2020. En el primer caso, se amplía hasta el 30 de abril y en el segundo, hasta el 20 de mayo salvo que el otorgado por la norma general (art.104 bis) sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

5) Plazos para atender los requerimientos.
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en el propio requerimiento sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

6) Plazos para atender diligencias de embargo.
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en la propia diligencia sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

7) Plazos para atender solicitudes de información con trascendencia tributaria.
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en la propia solicitud sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

8) Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos y sancionadores.
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en el acto de apertura o de audiencia sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

9) Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos especiales de revisión (nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y revocación)
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado en el acto de apertura o de audiencia sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

10) Plazos para interponer Recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios.
Si la notificación del acto tributario se ha producido:
a) Con anterioridad al 18 de marzo de 2020, se mantiene el plazo de un mes para su interposición y formulación de alegaciones.
b) Entre el 18 de marzo y el 30 de abril, dicho plazo se inicia a partir de este último día.
c) Con posterioridad al 30 de abril, rigen los plazos ordinarios.

11) Nota común sobre la ampliación de los plazos: si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

12) Ejecución de garantías inmobiliarias. En el procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde el 18 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de abril de 2020.

13) El período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la LGT (prescripción), ni a efectos de los plazos de caducidad.

El RD 8/2020 no desarrolla el régimen previsto para aquellas deudas de notificación colectiva y periódica, y siendo potestad de los distintos municipios la fijación de los distintos calendarios de pago a través de los anuncios de cobranza, ningún inconveniente existe en que por esa Corporación se disponga la ampliación de los mismos en los términos que se determinen, en función de que su puesta al cobro sea anual o semestral.


Para consultar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,  pinche aquí.

Se ha publicado en el BOE de 25 de marzo de 2020, la Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Los errores afectan a la disposición final primera, al Anexo, punto 3.

Para consultar el mismo, pinche aquí.

PUBLICADAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA INTERRUPCIÓN DE PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LA PLACSP

CONTRATACIÓN

17/03/2020

Una de las medidas recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, es la establecida en su Disposición adicional tercera que recoge la suspensión de plazos administrativos.

Pues bien, con motivo de la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, encargada de la Plataforma de Contratación del Sector Público (en adelante, PLACSP) en nombre de la Dirección General del Patrimonio del Estado, ofrece unas Instrucciones que marcan cómo actuar en aquellos procedimientos de contratación tramitados a través de la PLACSP.

La declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020) hace necesario reorganizar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) durante el periodo de duración del mismo, inicialmente 15 días, que podrán prorrogarse.

La PLACSP continuará prestando los servicios básicos para atender a la tramitación de los procedimientos de contratación de los organismos y entidades del Sector Público que la emplean para tal fin: servicios de publicación de información en el perfil de contratante y servicios de licitación electrónica.

Los servicios no básicos podrán no prestarse o no hacerlo con normalidad en función de los recursos materiales y humanos de los que la PLACSP disponga.

Las limitaciones de personal derivadas de la aplicación del estado de alarma impiden la prestación de los servicios de atención a usuarios y resolución de incidencias con el desempeño habitual en tiempo y forma. Dichos servicios se prestarán de 9:00 a 18:00 de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 los viernes.

Por ello, rogamos a nuestros usuarios, tanto institucionales como empresas y ciudadanos, que contacten con dichos servicios solo en los casos estrictamente necesarios, con tranquilidad y paciencia.


Se remite a los órganos de contratación y de asistencia del Sector Público a lo establecido en la Disposición adicional tercera (Suspensión de plazos administrativos) del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 2020 para que procedan como consideren oportuno. A este respecto, se dan indicaciones concretas en el documento INSTRUCCIONES ESTADO DE ALARMA.

NOTAS:

  1. El contenido de las Instrucciones son recomendaciones, así que si por cualquier circunstancia el órgano de contratación precisa continuar con la tramitación del procedimiento o iniciar uno nuevo, se informa de que la PLACSP está a disposición para la publicación de anuncios, envío de invitaciones, apertura y valoración de ofertas, y cualquier otro de los servicios que presta habitualmente.
  2. Igualmente se informa de que la reanudación de los procedimientos que se encontraran en plazo de presentación de ofertas supondrá, en los casos en que medie convocatoria de licitación, la publicación de nuevo de los anuncios de licitación y de pliegos. En caso contrario, requerirá del envío de la invitación a licitar.
  3. Si los procedimientos se encontraran en fase de licitación, los órganos de asistencia podrán re-planificar sus convocatorias y proceder a la apertura de los sobres una vez se hay restablecido la normalidad.
  4. El servicio de soporte a usuarios de la PLACSP no tiene competencias para ofrecer un servicio jurídico, por lo que indican desde estas Instrucciones que la asistencia se ceñirá a la articulación en la PLACSP de las decisiones que hayan tomado los servicios jurídicos de cada órgano de contratación.


LAS EELL PODRÁN REDUCIR LOS SERIVCIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS
15/03/2020


Se ha publicado en el BOE de 15 de marzo de 2020, la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.

Como es sabido, debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, el Gobierno, ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis sanitaria, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, de acuerdo con los artículos 4 y 14.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, queda habilitado para dictar cuantos actos y disposiciones sean necesarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, sin necesidad de procedimiento administrativo alguno.

Entre las medidas de contención previstas en la citada norma, el artículo 14.2 regula las relativas a las materias de transportes aplicables al transporte interior. En concreto, en el apartado 2, c), se indica que para:

«para los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, se debe mantener la oferta de transporte, si bien se pueden establecer porcentajes de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de dichos servicios».


Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las medidas previstas en dicho precepto, se ha considerado conveniente clarificar el ámbito de actuaciones de cada autoridad territorial competente en relación con los servicios de transporte público de su competencia. Así las cosas, en lo que respecta al ámbito local, la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, establece:

  • Cada autoridad local competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público de su titularidad que estime convenientes, de acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación sanitaria y garantizando, en todo caso, que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
  • Igualmente podrán establecer condiciones específicas de prestación de dichos servicios.

Para fijar los porcentajes de reducción de los servicios públicos de transporte regular de viajeros de su titularidad, las autoridades locales deberán comunicarlo a la correspondiente comunidad autónoma. Las comunidades autónomas, por su parte, deberán comunicar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la información que hayan recibido de las autoridades locales de su territorio, así como los suyos propios, con objeto de que puedan coordinarse las actuaciones en todo el territorio nacional.

Esta orden será de aplicación desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» hasta la finalización del periodo del estado de alarma o hasta que existan circunstancias que justifiquen una nueva orden modificando los términos de la presente.

Para consultar la misma, pinche aquí.


SUSPENDIDOS LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19
15/03/2020


Las medidas previstas se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En lo que respecta a la actuación administrativa, la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que:


«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.»

Así las cosas:

  • Se suspenden términos y se interrumpen los plazos en la tramitación de procedimientos administrativos hasta que el real decreto pierda vigencia (incluidas prórrogas).
  • Esta medida de suspensión e interrupción de plazos se aplica a todo el sector público definido en la LPAC, donde en su artículo 2.1.c) comprende a las Entidades que integran la Administración Local.
  • No obstante, se faculta al órgano competente para que, mediante resolución motivada, adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre que:
     el interesado manifieste su conformidad 
    o bien, cuando el propio interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  • No se suspenden términos ni interrumpen plazos de aquellos procedimientos y resoluciones que vengan motivados por hechos justificativos del estado de alarma.
     

El real decreto entraró en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado (14/03/2020).


ESTADO DE ALARMA
14/03/2020


Se ha publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las medidas previstas en la norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

La duración del estado de alarma que se declara por el real decreto es de quince días naturales.

El ámbito territorial es todo el territorio nacional.


La autoridad competente es el Gobierno, si bien se contempla que los actos, disposiciones y medidas necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.


En materia de Policía Local, dispone el Real Decreto que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos del decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la gestión ordinaria de los servicios, cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, sin perjuicio de lo señalado para los Cuerpos de la Policía Local y las competencias del Gobierno señaladas en las áreas de responsabilidad contempladas en el artículo 4.

Durante la vigencia del estado de alarma se limita la circulación de las personas únicamente para la realización de las actividades establecidas en el artículo 7 del Real Decreto, para lo que el Gobierno podrá llevar a cabo una serie de medidas.
Cuando esas medidas se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el real decreto. En particular: para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración competente sobre los mismos, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Si bien, estos actos podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos.
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir.

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Sin perjuicio de que se puedan adoptar las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.


Por último, indicar que la Disposición Final Primera del RD 463/2020, recoge que: «quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este Real Decreto». Por lo tanto, todas aquellas medidas que se hayan adoptado por la Administración local quedan ratificadas, siempre y cuando sean compatibles con el Real Decreto.


Para consultar el Real Decretro, pinche aquí.



Atentamente,

Equipo CAEL.

Etiquetas: BOE, Noticias 2020, ESTADO DE ALARMA